Alertan que la minería ilegal frena el avance de proyectos de cobre

Durante una jornada técnica organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), especialistas advirtieron que la minería ilegal ha comenzado a ocupar concesiones vinculadas a proyectos de cobre. Esta situación impide el ingreso y el avance de obras en yacimientos que ya cuentan con autorizaciones y certificaciones ambientales listas para operar.

El impacto en el avance de proyectos e ingeniería

En la gestión minera, la etapa previa a la construcción requiere contar con una concesión minera —el derecho otorgado por el Estado para explorar y explotar recursos en un área delimitada— y la aprobación de permisos ambientales. Paola Bustamante, directora de Legado Positivo y vicepresidenta de Hágase Instituto, explicó que existen proyectos cupríferos paralizados debido a que las actividades ilegales han tomado el terreno físico antes de que inicien los trabajos de obra.

Según detalló Bustamante, la simplificación de trámites administrativos no asegura la continuidad de las inversiones si el Estado no garantiza el resguardo de la propiedad ni el acceso a los títulos habilitantes. La especialista indicó que se requiere una respuesta articulada del Poder Ejecutivo y un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que proteja los derechos de los titulares mineros frente a las ocupaciones ilegales en zonas de cobre.

Cifras del Reinfo y la discusión de la Ley MAPE

El avance de actividades no autorizadas está vinculado al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta estatal para ordenar la pequeña minería. Al respecto, María Cristina Alva, socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad del estudio CMS Grau, expuso que el padrón suma más de 31,000 registros, pero desde el año 2014 solo 2,345 mineros consiguieron la formalización definitiva tras sucesivas prórrogas.

Por su parte, Eduardo Lanao, presidente ejecutivo de ProMinería y CEO de CrossPartners, señaló la necesidad técnica de diferenciar la minería artesanal y de pequeña escala (conocida como MAPE) de las operaciones ilícitas. Precisó que la labor formal exige permisos sobre el uso del terreno superficial, manejo ambiental, preservación de restos arqueológicos y respeto a las concesiones mineras preexistentes. A su turno, el constitucionalista Samuel Abad advirtió que el régimen de consolidación propuesto en la nueva Ley MAPE podría prolongar la impunidad penal si la norma no aclara que los delitos deben investigarse durante el trámite.

Implicancias para el sector de obras y desarrollo minero

Para el rubro de ingeniería y construcción de minas, la presencia de ocupaciones ilícitas en proyectos cupríferos bloquea la ejecución de cronogramas, la entrada de contratistas y la viabilidad del despliegue en campo, elevando los riesgos de seguridad jurídica.